Informe sobre la situación laboral de sectores marginales

13 mayo, 2018
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Coordinado por ACDE, se presentó el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA sobre la situación laboral de los sectores marginales de la sociedad y se remarcó la importancia del sector privado para favorecer a esta población vulnerable.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) presentó hoy el último informe realizado junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, titulado “Trabajo y negocios inclusivos: integración de grupos vulnerables” con el objetivo de visibilizar la problemática y generar conciencia sobre la relevancia de las acciones de la sociedad civil, el Estado y el sector privado en la integración socio-laboral. Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el auditorio del Banco Galicia, se debatieron los datos más duros del informe y el impacto que genera en la cadena de valor de las empresas la inclusión laboral de algunos de los sectores más marginados de la sociedad.

Para dar comienzo al evento, Juan Manuel Vaquer, presidente de ACDE, contó que en los últimos años se acercaron muchas organizaciones buscando soluciones que sus empresas puedan aplicar para reducir la brecha de pobreza en el país. “A partir de este interés por parte de la comunidad empresarial, surgió la idea de trabajar junto al ODSA, algo que fue posible gracias a la colaboración financiera del Banco Galicia. Es importante remarcar que ninguna sociedad que tenga un 30% de pobreza puede ser viable, por eso debemos solucionar esta problemática trabajando en equipo, como país, entre todos”, dijo Vaquer.

Agustín Salvia, director de la ODSA, remarcó que al realizar este informe pudo confirmar que para comenzar a salir de la pobreza más dura debe haber políticas de inclusión laboral y que el actor clave en este proceso es el sector privado. “Hay normas que regulan la posibilidad de insertar a estas poblaciones, sin embargo no tienen escala, no están siendo aplicadas y no son parte de una política del sector empresarial, sindical y político, como para cambiar o modificar la situación”, sugirió.

En ODSA realizaron un diagnóstico de los grupos en circunstancias de doble vulnerabilidad, describieron el impacto de los procesos de exclusión sobre su déficit de inserción laboral y recuperaron las acciones que constituyen buenas prácticas desarrolladas para la integración laboral. Para el estudio identificaron a seis grupos vulnerables: personas con alguna discapacidad en situación de vulnerabilidad económica, mujeres pobres de entre 16 y 35 años con hijos, jóvenes pobres con bajo nivel educativo y pertenecientes a sectores vulnerables, varones en los últimos años de su actividad laboral, personas liberadas del sistema penitenciario y personas en tratamiento por consumo problemático de sustancias.

Para Salvia, “todos ellos fueron afectados por lo que llamamos una doble exclusión, o sea que padecen estigmatización que los desalienta a la inserción laboral, y además pobreza”. En tanto agregó que las condiciones de privaciones de recursos educativos o económicos los convoca a reproducir situaciones de marginalidad.

Para las personas discapacitadas el panorama laboral es problemático, ya que sólo el 13% tienen un empleo digno, y ese número baja a la mitad si además se encuentran en una situación de pobreza. “Este dato no nos sorprende, ya que el mercado laboral argentino es problemático en sí, de las personas sin discapacidad, sólo el 37% tiene un empleo formal. Existe un desaliento generalizado y falta de oportunidades que llevan a una mayoría de personas discapacitadas a la inacción (51%) y la autoexclusión del mercado de trabajo, que requiere de un marco normativo y de políticas de inserción donde las prácticas salariales y sindicales tomen en consideración la situación de esta población”, explicó Salvia.

Aquellas mujeres pobres con responsabilidad familiar, de entre 35 y 49 años, que quieren volver al trabajo luego de haber estado inactivas por mucho tiempo, tienen más dificultades para encontrarlo. Sólo un 11.1% de este grupo accede a un empleo pleno, mientras que un 42.2% de mujeres con hijos, pero que no están debajo de la línea de pobreza, consiguen empleo. Aquí hay una brecha desalentadora, ya que sólo cuentan con programas de asistencia, tienen carreras precarias y falta de redes de ayuda. Similarmente, sólo 1 de cada 10 jóvenes pobres de bajo nivel educativo consiguen un empleo, mientras que 4 de cada 10, en el caso de no ser pobres.

Según el estudio, en la mitad de los hogares con niveles socioeconómicos muy bajos un miembro de la familia estuvo preso. Mientras que en hogares con niveles medio a alto, esa posibilidad es mínima (10.1%). “La población post penitenciaria está invisibilizada por las estadísticas, estigmatizada por la reincidencia en el delito, y por la pobreza y exclusión que también los ponen en una situación vulnerable frente a la justicia. Esto ocurre porque la reinserción en el campo de trabajo es difícil o casi imposible, se debe entender la complejidad y correr el estigma que pesa sobre estas poblaciones dando oportunidades para que la reinserción sea factible”, dijo Salvia ante un público de casi 100 personas, en su mayoría empresarios y directores de ONG.

Para aquellos varones mayores de 50 años con bajo nivel educativo, se cuadruplica la posibilidad de estar desempleado, se duplica la precariedad laboral y se mantienen niveles altos de inactividad. Otra temática invisibilizada por las estadísticas públicas se vuelca a aquellas personas en tratamiento por consumo de sustancias, tanto drogas como alcohol. En general, en las villas y asentamientos precarios hay más prevalencia a tener una adicción severa al alcohol y a las drogas (un 6.3% de personas de entre 14 y 25 años). “Sabemos que se duplica la condición de vulnerabilidad cuando se padece situaciones de pobreza, ya que esta condición socioeconómica y una falta de inserción al trabajo favorece las adicciones. Se vuelven una recaída permanente y la salida se hace cada vez más difícil”, sostuvo Salvia. Por otro lado se puede observar que el alcohol es una de las problemáticas más comunes cuando existe desocupación, esta adicción severa se acentúa, con un 7.8%.

Estas poblaciones están severamente afectadas por el desánimo, por eso se deben recuperar psicológicamente para enfrentar las dificultades del mercado de trabajo. “Hay limitaciones estructurales en el mercado, para eso debemos dotarlos de recursos cognitivos o prácticos que les permitan competir. Hay varios mecanismos que procuran abrir cupos para insertarlos en las actividades laborales, sin embargo no tienen la escala para marcar una diferencia. Por eso, la participación del sector privado es central, ya que pueden realizar acciones orientadas a fomentar la demanda laboral de estos colectivos, eliminando barreras y contribuyendo al proyecto de vida de personas que atraviesan circunstancias de doble vulnerabilidad”, finalizó Salvia.

De acuerdo a los últimos datos del Indec, un 25,7% de la población estaba bajo la línea de pobreza en el segundo semestre de 2017. Desde hace años, un tercio de los argentinos están inmersos en la pobreza estructural. El año pasado la UCA registró 13,5 millones de pobres y 2,54 millones de indigentes, y casi la mitad de los chicos de hasta 14 años (48,4%) son pobres.

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